Una colaboración ampliamente beneficiosa

Una colaboración ampliamente beneficiosa

de Alfonso Novales

Una colaboración franca entre gobierno y sector privado puede ser colectivamente muy beneficiosa. Unos, con el interés general como prioridad, los otros defendiendo un interés sectorial, la asunción de compromisos por ambas partes puede permitir alcanzar soluciones que serían inviables por separado.

En esta ocasión, el cambio de ciclo generado por las tensiones inflacionistas, la política monetaria restrictiva que ha motivado, y la elevada incertidumbre asociada, suscitaron la idea de que soplaban vientos favorables para la banca que, con tipos de interés más altos, mejoraría sus resultados. Es cierto que los márgenes bancarios se elevan con tipos de interés más altos, pero hay otros aspectos a tener en cuenta: los mayores costes para los prestatarios incrementan el riesgo de morosidad, lo cual perjudica seriamente a las entidades financieras. Además del impacto directo que sufren sus resultados si se materializan algunos impagos, el deterioro de la calidad de su cartera de créditos llevará al regulador a exigir un aumento de las costosas provisiones bancarias. El resultado neto de ambos efectos es incierto.

En este contexto, el gobierno y las entidades financieras se han comprometido durante las últimas semanas a establecer soluciones para aliviar las dificultades a que puedan enfrentarse muchas familias que disponen de un crédito hipotecario.

Disponemos del Código de Buenas Prácticas de la banca, un protocolo de adhesión voluntaria, aunque suscrito por casi todo el sector, en funcionamiento desde 2012. Establece medidas para proteger a los deudores hipotecarios en dificultades, reestructurando su deuda (introduciendo una carencia de cinco años en la amortización de capital, ampliando el plazo del préstamo o reduciendo el tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25%), mediante una quita, o incluso entregando la vivienda (dación en pago). Para poder beneficiarse de esta posibilidad, deben cumplirse determinados umbrales de exclusión: que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, y que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos del hogar, porcentaje que se conoce como la “tasa de esfuerzo” en el servicio del crédito hipotecario.

Sin embargo, tanto gobierno como entidades bancarias consideran que el Código se redactó pensando en la crisis financiera, cuando el problema fundamental fue la destrucción de empleo, y no se ajusta a la situación actual, caracterizada por un incremento de costes. Así, mientras que el Código requiere haber sufrido un fuerte descenso de ingresos como criterio para tener acceso a las medidas de protección financiera asociadas a una hipoteca, en el contexto actual parecería razonable que el requisito fuese haber experimentado un incremento significativo en los costes financieros, debido a la elevación de los tipos de interés.

En este sentido, la banca ha propuesto definir como vulnerables a las familias con ingresos inferiores a 25.200 euros (el IPREM antes mencionado) que sufran una subida de sus costes financieros de al menos un 30%, con independencia de que hayan sufrido o no una merma en sus ingresos. Por otro lado, desde el gobierno se ha propuesto reducir la tasa de esfuerzo en el pago de la hipoteca por debajo del 50% establecido en el Código para calificar a un hogar como vulnerable. Este criterio parece importante porque muchas de las solicitudes rechazadas durante el segundo semestre de 2021 tenían una tasa de esfuerzo superior al 30%, pero inferior al 50%. El gobierno prefería modificar el Código de Buenas Prácticas en esta línea, lo que daría un carácter permanente a los criterios descritos, mientras que el sector prefiere no incorporarlo en el Código, de modo que sean criterios de aplicación transitorio.

Las sucesivas crisis y transformaciones de distinta naturaleza a que asistimos ponen en dificultades a amplios sectores sociales que, sin duda, necesitan protección. Hay razones adicionales para colaborar: en una sociedad altamente financiarizada como la nuestra, los resultados bancarios condicionan la rentabilidad de muchos pequeños ahorradores, a través de sus participaciones en fondos de inversión. En situaciones extremas, que ahora no son previsibles, ya hemos experimentado cómo la sociedad debe acudir en rescate de entidades en quiebra, con un enorme coste social.

Un programa de ayuda al endeudamiento de los hogares vulnerables contribuye a controlar el potencial deterioro de resultados y riesgos bancarios, generando un beneficio muy distribuido en la sociedad. Es hora de dejar de estigmatizar a la banca por la crisis financiera de 2008, que se produjo por prácticas poco rigurosas, incentivos perversos, indefinición de derechos de propiedad, y serias deficiencias en la gobernanza de entidades financieras que ya no existen. Solicitar de las entidades bancarias que asuman el coste de este tipo de iniciativas de ayuda al endeudamiento es más beneficioso socialmente, aunque quizá menos rentable políticamente, que imponerles cargas tributarias sobre supuestos que, como apunté al comienzo, distan de estar plenamente justificados.

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