Pandenomics

Pandenomics

(Publicado anteriormente en Diario de Noticias)

La terrible crisis sanitaria que provocó la irrupción del coronavirus en marzo y abril se debió, en parte, a la respuesta tardía a la hora de aplicar medidas para el distanciamiento social. El confinamiento generalizado se decretó cuando los contagios ya se habían extendido en muchas ciudades. La incidencia del virus observada a primeros de marzo ya reclamaba una respuesta inmediata de distanciamiento social y refuerzo de la capacidad hospitalaria. Por temor al colapso económico y al rechazo social se retrasó el confinamiento. Este retraso provocó que el tiempo necesario para volver a la “nueva normalidad” fuera mayor, con un coste económico y social muy superior al que se hubiera tenido si se hubiera anticipado la situación.

No aprendemos de los errores (por muy graves que sean sus consecuencias). Los datos de incidencia del virus (medidos habitualmente como el número de contagios detectados en las últimas 2 semanas por cada 100.00 habitantes) han sido muy elevados en España (particularmente altos en Navarra, quizás porque el número de PCR que se realizan ajustados por población es el mayor de España). Y las medidas de distanciamiento social, necesarias para reducir la velocidad con la que se transmite el virus, han sido anunciadas secuencialmente y, hasta la fecha, no han conseguido doblegar la curva de contagios. Nuevamente, llegamos a una situación en la que la presión de la acumulación de casos positivos nos empuja a un escenario de confinamiento y cierre parcial de la actividad que, por ser tardano, será más severo y será más largo. La debacle económica, lamentablemente, volverá a ser mucho mayor que la que hubiera provocado un confinamiento temprano, moderado y corto.

El impacto económico de la pandemia se estima que este año provocará una caída del PIB que puede llegar al 14% en el conjunto del Estado. Este coste económico se reparte muy desigualmente dependiendo de la actividad laboral de las personas. Los trabajadores y empresarios de los servicios vinculados al ocio y la hostelería asumen la mayor parte del coste. Entre los trabajadores de servicios esenciales, los que pueden teletrabajar y los funcionarios no se observa pérdida de empleo ni reducción significativa de los salarios. De momento, la financiación de los ERTEs, el ingreso mínimo vital y ayudas similares se está trasladando al déficit de las administraciones públicas. El déficit público previsto para el 2020 en España ronda el 13% del PIB, lo cual impulsará el volumen de deuda pública cerca del 115% del PIB. Esta deuda a pagar es una carga para el futuro y requerirá un esfuerzo intergeneracional, dado que será la siguiente generación la que tendrá que afrontar la devolución de la deuda generada por esta. La ausencia de planteamientos de redistribución de renta intrageneracional es llamativa, dado que parecerían totalmente lógicos en un contexto en el que muchas personas apenas perciben directamente el impacto económico de la pandemia mientras que otras sufren un descalabro casi absoluto de sus fuentes de ingreso. En este sentido, me sorprende una de las noticias económicas de esta semana: “El Gobierno subirá un 0,9% el sueldo de los empleados públicos en 2021”. Creo que la pandemia exige arrimar el hombro y repartir los esfuerzos. No entiendo cómo los funcionarios (yo soy uno de ellos), teniendo garantizado su empleo, puedan tener un incremento salarial mientras muchos trabajadores lo están pasando tremendamente mal. Es momento de plantearse mecanismos de redistribución de renta solidarios, que permitan que la ansiada recuperación tenga soporte en la cohesión social. A modo de ejemplo os describo en el último párrafo de este texto, una propuesta de redistribución del coste de la pandemia (realizada con datos de Navarra).

El mecanismo de redistribución es simple: las personas que se vean obligadas a dejar de trabajar como consecuencia de la pandemia recibirían una renta básica financiadas por las personas que mantienen su puesto de trabajo. La destrucción de empleo puede llegar a afectar a 10% del total de la población activa (fundamentalmente en el sector de la hostelería y el ocio). Del 90% restante considero que deberían quedar exonerados de aportar recursos, por razones obvias, tanto los trabajadores del sector sociosanitario (un 8% de la población activa) como los trabajadores contratados y autónomos de rentas bajas (aproximadamente un 22% de los trabajadores navarros tienen una renta mensual inferior a 1300 euros, estableciendo un límite razonable en un 25% por encima del salario mínimo).  El resto de personas empleadas incluyen un número de funcionarios, trabajadores contratados, empresarios y autónomos que supone un 60% de la población activa y no sufre directamente las consecuencias de la pandemia. El sueldo (ingreso) promedio de estos trabajadores en Navarra es aproximadamente 2200 euros al mes. Una contribución del 5% sobre estas rentas suponen (en promedio) 110 euros por persona (obviamente la cuantía individual sería mayor cuanto mayor sea la base imponible). Dado que el 60% de la población activa financiaría al 10% que ha perdido su empleo, se dispondría de 6 aportaciones para cubrir cada subsidio. La prestación alcanzaría 660 euros mensuales. Solidaridad intrageneracional. ¿Qué les parece?    

  1. Gracias Mikel. me encanta ver propuestas concretas sobre solidaridad intrageneracional. A tu pregunta ¿qué les parece? te diría que es ilusionante que se pudiera llevar a cabo, qué no confío en absoluto que la tomen en cuenta, que sus “expertos” van sorteando el corto plazo y esto que les propones supone liderazgo y salirse de la zona de confort. Pero de todas formas, gracias por darme un ejemplo de como se pueden hacer las cosas de forma diferente al incremento de Deuda, y a la vez fortalecer los lazos de una comunidad que va a sufrir mucho. Por ello te recomiendo incluir (aparte de los del sueldo medio de 2,200€) a los pensionistas que disfrutamos también de ese segmento de pensión. Sin duda es mejor saber que contribuimos a aliviar a otros que les ha tocado la peor parte de esta pandemia, que no aguantar la soflama que se avecina sobre la reducción de las pensiones altas sin saber si acaba en incremento de sueldos o gastos de representación.
    Un abrazo.
    Rafa

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  2. Hola, Rafa. Estuve pensando en incluir a los pensionistas de rentas medias y altas como contribuidores al plan de redistribución… pero al final los dejé fuera. El primer motivo es que no parece lógico incluir a los jubilados en un reparto intrageneracional. Y el segundo es que no cabe duda que son el grupo de edad más afectado por la pandemia porque, como se suele decir (con razón), “lo importante es la salud” y, por tanto, el peso del estado de salud en nuestra función de utilidad creo que es mucho mayor que el peso de la situación laboral. Así que los pensionistas ya asumen una gran parte del coste de la pandemia. En cualquier caso, la propuesta es solo un ejemplo de cómo podría plantearse este tipo de reparto para no cargarnos con más lastres (deuda) y poder mirar al futuro con un poco más de optimismo. Seguro que podría mejorarse.

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  3. Hola Mikel, me ha parecido muy interesante, sobre todo por el hecho de empezar de resaltar el impacto desigual que se está gastando esta pandemia y poder tomar conciencia de ello. En caso contrario, generalizar la masacre sería un error. No obstante, en cuanto a la solidaridad intrageneracional, me atrevo a comentar para resolver una duda: en la propuesta de reparto se habla de rentas del trabajo, ¿en qué lugar quedarían, siguiendo la misma lógica, las rentas del capital?
    Gracias por adelantado por la respuesta y gracias de nuevo por el post.
    Un saludo,
    Sara C

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  4. Gracias por tu comentario, Sara. Las rentas de capital podrían incorporarse a la propuesta de redistribución, por supuesto. (De hecho, se habla en varias ocasiones de redistribución de renta en general, que
    podría incorporar las rentas del capital). No obstante, el artículo no llega a recoger
    explícitamente esta aportación porque mi idea inicial era vincular a las personas por su estado laboral dejando la tributación sobre la propiedad de activos para las decisiones sobre política presupuestaria convencional (IRPF, IS, patrimonio, etc). Dicho esto, a los empresarios y autónomos que no cobran un salario propiamente dicho
    también les incluyo en la propuesta porque forman parte de la población activa. Su contribución debería ser un 5% de las ganancias, dividendos o beneficios que obtengan, que seguramente es lo que más se corresponde con la idea de remuneración por su trabajo.

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