Cataluña: Una propuesta de solución

Cataluña: Una propuesta de solución

El juicio del ‘procés’ independentista está acaparando en los últimos días numerosos titulares en los principales medios de comunicación. En este blog ha habido hasta ahora dos interesantes reflexiones de Juan Franco (aquí) y Javier Cebollada (aquí y aquí) sobre distintos, aunque conexos, aspectos económicos de las consecuencias de una posible segregación.

Una gran parte de las numerosas opiniones que este asunto ha concitado subrayan la aparente imposibilidad de encontrar una solución al conflicto. Los términos del debate se enuncian de una manera tal, que parece como si no cupiera la posibilidad de hallar una solución. Tanto los independentistas al frente de las instituciones de Cataluña como los constitucionalistas que gozan de mayoría en las instituciones del Estado se presentan al debate con un lema a priori  que es justamente lo que la otra parte no está dispuesta a oír. Así, desde las instancias independentistas se afirma que están dispuestos al diálogo sobre la forma en que debe abordarse un referéndum vinculante que en caso de victoria diera lugar a una república catalana independiente. Los partidos constitucionalistas, y el gobierno del Estado están abiertos a cualquier diálogo (sobre competencias, financiación autonómica o reformas de la constitución) siempre que no se incluya la celebración de un referéndum de independencia vinculante. Un impasse, dicen los franceses: un callejón sin salida. La cuadratura del círculo…

“…si no estás de acuerdo con tu oponente sobre qué es aquello de lo que vais a hablar, lo mejor es sentarse a hablar de lo que vais a hablar.”

Esta parte de la discusión es estrictamente falsa. No es verdad que no hay un campo de posibilidades abiertas a un acuerdo. Lo hay, y es muy vasto. La mayoría de las propuestas que lo habitan, como tiene que ser, no habría de contentar a nadie en la totalidad de sus pretensiones, pero serían suficientes  para desactivar el mecanismo explosivo sobre el que nos sentamos a desayunar y para baldear el marrón en que este asunto se ha convertido. A esto se refiere el explícito título de este post. Hay una solución. No es la única ni la mejor, seguramente, pero lo que quiero probar es un teorema de existencia. Hay, al menos, una solución. Vamos con ella.

Algunas premisas, para empezar. Estoy con Manuela Carmena cuando decía que si no estás de acuerdo con tu oponente sobre qué es aquello de lo que vais a hablar, lo mejor es sentarse a hablar de lo que vais a hablar. En otros términos, lo primero es sentarse a hablar sin condiciones y con el propósito firmado de no levantarse hasta haber llegado a un acuerdo. Ya sabemos por donde empezar.

Lo segundo es que las partes deberían aceptar estos dos axiomas iniciales: los independistas que es necesario mantenerse dentro de la ley, aunque sea para cambiarla. Los constitucionalistas, reconocer que hay un problema político. Una parte de la sociedad civil catalana que ronda más o menos la mitad de la población (o sea, mucho), querría, quizá, pronunciarse sobre las condiciones de la permanencia de Cataluña en el Estado. Por lo tanto, los constitucionalistas deberían aceptar (y ya va siendo hora) la necesidad de hacer una oferta de contenido. He aquí una posible oferta que no lastimaría demasiado el actual status territorial y que podría representar un paso significativo. Cataluña podría situarse en la misma dimensión que el País Vasco y Navarra en la gestión de sus finanzas. Lo mismo que estas dos comunidades tienen capacidad recaudatoria propia y libertad para utilizar los ingresos fiscales de la manera en que sus respectivos parlamentos autonómicos deciden, así podría ser en Cataluña. Recordemos, además, que esta oferta ya estuvo sobre la mesa cuando se gestionó el actual marco territorial. Los partidos catalanes y en particular Convergencia i Unió, rechazaron la oferta de gestionar sus impuestos en los mismos términos que Navarra y el País Vasco. No sabemos las razones, pero se intuye que esta oferta puso a sus receptores al borde del abismo. En cambio, en Euskadi, la Diputación de Álava se había manejado muy bien en estos términos durante el franquismo, al igual que en Navarra y eso llevó al PNV a aceptar el envite que los catalanes rechazaron. Así que por ese lado nada nuevo. Objeto de negociación sería la cuantía de la aportación de la Generalitat a las arcas del Estado. Pero este asunto, que también está presente en Navarra y el País Vasco no es una cuestión de principios que son las peligrosas, sino una cuestión de negocios que son, por definición, las solubles.

Esta oferta no tendría por qué ser una agravio comparativo con el resto de comunidades. Si para alguna lo fuera (¿Madrid?, ¿Baleares?), podría procederse de modo similar con estas comunidades. Esta solución tampoco está muy lejos de la propuesta de  Estado Federal que es la de los socialistas. Tiene de ventaja que podría implementarse, si hay voluntad, de una manera más rápida, sin la dilación que supone un cambio tan relevante como el paso a un estado federal.

“Todavía quedarían muchas cosas por hablar, como una reforma de la constitución de calado…”

La recurrente (y probablemente falsa) Espanya ens roba desactivada de un plumazo. Puesto que según las encuestas solo un 15% de los soberanistas de Cataluña lo son sí o sí, y la mayoría, en cambio, lo son por razones económicas, la capacidad de esta propuesta para desmontar el tinglado se antoja bastante poderosa.

Y después del acuerdo, éste se sometería a consulta. A discutir en qué ámbito. En Cataluña desde luego, pero puede que también en el resto de España.

Todavía quedarían muchas cosas por hablar, como una reforma de la constitución de calado, como solicitan por distintas razones, por ejemplo, Socialistas y Ciudadanos. Pero esta, como diría Kipling, ya es otra historia.

  1. Querido Jorge, un artículo actual, relevante y valiente.

    Coincido contigo en la opción de ofrecer a Cataluña una mayor capacidad de gestión de sus impuestos, que podemos llamar una “hacienda autonómica”. Ésta, por otro lado, es una opción que posteriormente habría que ofrecer a cada una de las comunidades autónomas, porque no encuentro razones para negar ese derecho a ninguna de ellas, una vez que una lo tiene. Luego tocaría efectivamente negociar, como muy bien dices, la cuantía de la aportación, y eso es algo que sí se puede negociar (ya ha habido en este blog algún artículo sobre como determinar esa aportación – Idoya Zabaleta Leonardo da Vinci tenía razón: “La simplicidad es la máxima sofisticación”, 21/2/2017)

    Sobre el derecho de autodeterminación, reconozco que hay una cuestión que aún no tengo clara, y es a quién le debería corresponder decidir, si solamente a los catalanes o a todos los españoles. Sin embargo, creo que el resultado que habría que exigir a un referendum en el que se decidiera una cuestión tan importante como ésta debería ser bastante superior al 50% de votos de la participación. Se está comprobando, en el caso del Brexit, lo complejo que es abandonar una unión de países. Imaginemos lo que podría ser independizarse de un país como España, del que Cataluña ha formado parte siglos y siglos. ¿Una decisión así estaría justificada por unos miles de votos más a favor que en contra? ¿Unos miles de votos que podrían cambiar de sentido de un día para otro según la coyuntura o los últimos acontecimientos, o la manipulación informativa? ¿Unos miles de votos de diferencia que podrían llevar a pedir con posterioridad otro referendum por parte de los que hubieran perdido? Véase, de nuevo, el Reino Unido, donde ayer mismo se anunció que los laboristas apoyan un segundo referéndum sobre el Brexit. Repito, no estoy hablando aquí de quién debería decidir, si los catalanes o todos los españoles. Estoy hablando de algo de lo que no se habla, quizás porque sería como admitir el referendum, que es el porcentaje mínimo de votos, sobre participantes o sobre electores, para tomar una decisión que afectaría enormemente a millones de personas.

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  2. Gracias por tu comentario Javier. No sé si queda claro, pero el post no sugiere un referéndum para la autodeterminación, sino para validar la propuesta de solución de equiparar las competencias de la Generalitat a las de Navarra y el País Vasco. Más bien al contrario, la propuesta insiste en mantenerse dentro de la constitución lo cual por el momento excluye la posibilidad del referéndum soberanista. Y estoy muy de acuerdo, en cambio, en que, si hubiere tal referéndum de autodeterminación -porque se produce una modificación pactada de la propia constitución- debería exigirse para la eventual escisión de una parte del territorio, una mayoría cualificada.

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