Reforma de la Universidad II: A vueltas con la financiación

Reforma de la Universidad II: A vueltas con la financiación

El debate sobre la reforma de la universidad pública española está por hacer más allá de cuestiones puntuales que surgen con cierta frecuencia en la prensa del país. La discusión normalmente se intensifica cuando aparecen los rankings internacionales y se observa una ausencia notable de universidades españolas en los puestos de referencia. Luego las aguas vuelven a su cauce.  Hay varias cuestiones que merecen atención. Una importante y que trató en un reciente artículo el profesor J. Nieto, se refiere al sistema de gobierno universitario y los problemas que la falta de dirección, la falta de competencia y las dificultades de medición de la calidad del resultado universitario llevan a una gestión académica mediocre. Hoy me voy a referir a otra dimensión que es también muy relevante y crucial para el buen funcionamiento de la universidad y que se refiere a su sistema de financiación. El modelo establecido de financiación de la universidad pública resulta poco eficiente para mejorar la docencia y es socialmente injusto. El sistema actual se fundamenta en una subvención pública que cubre entre el 80 y 85 por ciento del coste de la enseñanza superior y una aportación mediante tasas y matriculas de los estudiantes, que aportan el resto.  El coste medio de la enseñanza superior en España se sitúa en el entorno de los 5.000 euros por estudiante y éste paga, en media, una matrícula de 1.000euros por curso académico.

En estas condiciones cada alumno, con independencia de su nivel de renta, de su   rendimiento académico, y de las expectativas futuras de desarrollo profesional, recibe un subsidio anual sustancial de todos los contribuyentes. Esta forma de financiar la educación superior es regresiva.

“El modelo establecido de financiación de la universidad pública resulta poco eficiente para mejorar la docencia y es socialmente injusto.”

La educación universitaria beneficia sobre todo a las personas que la realizan, ya que implica una mejora significativa de la dotación y calidad de su capital humano. Pensemos en una persona que estudia derecho, saca después de obtener su licenciatura, las oposiciones de registrador de la propiedad, juez o fiscal y desarrolla toda su vida profesional en ese campo. O el estudiante de administración de empresas que acaba siendo inspector de hacienda o trabaja como socio en una consultora de reconocido prestigio. La formación superior permite mejorar la capacitación personal y profesional del que la cursa, percibiendo unos mejores salarios en el futuro, aumentando su empleabilidad y facilitándole el desarrollo de una carrera profesional con más oportunidades que aquellos que no han alcanzado un título superior. En un reciente estudio de la Fundación del BBVA/IVIE se reconoce que el nivel de estudios alcanzado por las personas condiciona el salario de los ocupados y, las diferencias salariales entre empleados con distintos niveles de formación se acentúan conforme avanza la carrera profesional. A los 55 años, el sueldo medio de un titulado superior multiplica por dos el de una persona que sólo cuenta con formación secundaria obligatoria (ESO). Se observan también diferencias por campos de especialidad. Los graduados en ciencias de la salud obtienen salarios un 28 por ciento más elevados que los que cursaron humanidades.

Es verdad, que de la enseñanza universitaria también se beneficia la sociedad al tener una ciudadanía más preparada y culta y con mayor sentido crítico, pero en mucha menor medida. Ello justifica que la financiación se realice, por un lado, mediante impuestos y por otro, mediante tasas o matriculas, pero debería ser en la proporción opuesta a la que se plantea actualmente en nuestra universidad. Se requiere una mayor aportación personal y una menor proporción de ingresos mediante subvención pública, aunque esto no signifique que el estado deba hacer una inversión inferior en educación superior a la que hoy hace.

Pero es que además de regresivo, el actual sistema de financiación universitaria es ineficiente. No genera buenos incentivos al desempeño ni para los que reciben la formación universitaria, los estudiantes, ni para los que la ofrecen, los profesores. Para los primeros, porque unos precios de acceso reducidos no fomentan un estudiante responsable y exigente que reconoce el esfuerzo y sacrificio a desarrollar y que sabe que compromete unos recursos financieros notables que tiene que recuperar con dedicación, esfuerzo y competencia.

Este modelo tampoco incentiva una institución comprometida con la mejora permanente de la calidad de la formación que ofrece. Esta oferta de calidad e innovadora, en un contexto de competencia por atraer a los mejores estudiantes, es imprescindible para obtener el aprecio de un creciente número de estudiantes que se interesan por el prestigio y la reputación de la oferta educativa que ofrece la institución académica. Si la financiación que recibe la universidad no depende del valor de los títulos que ofrece y de su reconocimiento profesional, sino de un proceso de negociación política y asignación administrativa entre los poderes públicos, lo que hay que conseguir es negociar bien con la administración. Vale más la habilidad, la sintonía política y la capacidad negociadora de las autoridades académicas que la calidad de los títulos y las ofertas realizadas.

Además, este ejercicio de negociación corresponde al rector y al equipo de vicerrectores de la universidad como responsables de la institución y no al conjunto de los profesores implicados en el trabajo diario. Por ello, los profesores no tienen un gran estímulo para hacer una docencia de excelencia. Sólo queda el recurso a su responsabilidad individual y al buen hacer de algunos de ellos, pero no de todos.

En definitiva, el limitado coste de las matriculas no incentiva un comportamiento exigente por parte del ciudadano que demanda y recibe la educación superior, ni por parte de la institución que la ofrece y que no compite con otras para mejorar e innovar en su oferta.

“La propuesta consistiría en aumentar el presupuesto público de la educación superior, pero distribuyéndolo de forma distinta a como se agrupa ahora.”

Por ello, es necesario reformar el modelo de financiación de la universidad, aunque genere resistencias notables. Cuando nos hemos acostumbrado a que el servicio parezca gratis, aunque no lo sea, porque se paga con nuestros impuestos, resulta incómodo pagar un mayor precio. Además, todo cambio que se oriente a aumentar los niveles de exigencia para todos se va a encontrar con la resistencia de los colectivos que se encuentran bien adaptados en la actual situación. Por eso el cambio resulta tan difícil, hay demasiados intereses que superar.

En Navarra podemos avanzar algunas iniciativas sobre esta cuestión para mejorar las reglas de funcionamiento y los incentivos de los protagonistas docentes. Resulta necesario pensar en sistemas de financiación que estimulen comportamientos más exigentes para los estudiantes y los profesores, y que establezcan reglas que orienten a la excelencia de la formación superior.

La propuesta consistiría en aumentar el presupuesto público de la educación superior, pero distribuyéndolo de forma distinta a como se agrupa ahora. Habría que aumentar la proporción que se destina a becas y ayudas a estudiantes de bajos niveles de ingresos y disminuir la subvención pública directa a las instituciones académicas y en paralelo, incrementar moderadamente y en un espacio de tiempo largo, las aportaciones individuales que realizan los estudiantes.

Podemos avanzar los siguientes criterios. Primero, resultaría mucho más progresivo y eficiente, que los estudiantes universitarios contribuyeran de forma discriminada, atendiendo a sus niveles de renta familiar, al actual coste de su formación académica. Segundo, porque el acceso de los que se lo merecen por sus méritos no debe estar limitado por la capacidad económica de la familia, el nuevo sistema debería ir acompañado de un aumento sustancial de las becas para los que realmente las necesiten. Aquellas personas capaces si no tienen medios económicos, deberían tener becas que permitieran sufragar el coste total de la matricula y los gastos complementarios precisos para que pudieran estudiar. Esto incluiría una beca salario para atender a su familia si resultará preciso. Tercero, se debería reconocer una mayor diferencia en el precio de las matriculas de la formación más general (los grados) y aquella a la que se le reconoce un mayor valor profesional (los másteres, postgrados y estudios propios). Cuanto más profesional y aplicada fuera la formación recibida, mayor debe ser la contribución del que la recibe. Las matriculas deberían estar próximas al coste en la formación académica profesional.

En definitiva, el debate sobre cómo financiamos la enseñanza superior trasciende la discusión sobre si la universidad debe recibir más o menos recursos que sin duda es una cuestión relevante, y se debe orientar a reflexionar sobre cómo conseguimos generar los incentivos y el marco institucional preciso para que los estudiantes, los profesores y la sociedad comprometan su conducta hacia el cambio y la mejora de la educación universitaria. Sólo estimulando comportamientos de los protagonistas de la acción universitaria, estudiantes y profesores, orientados a construir unas instituciones comprometidas con la calidad, avanzaremos hacia la excelencia y el rigor y sólo de esta forma, conseguiremos mejorar en los rankings y ofrecer a la sociedad los servicios universitarios públicos que se merece.

  1. Emilio, muy bueno el post y…muy valiente. No es una postura muy popular la que planteas. Sólo una reflexión. Creo que, aunque costaría, se podría llegar a aceptar una disminución de la subvención a las tasas universitarias si ésta fuese acompañada de una dismunición de los impuestos, pero planteas disminuir la subvención y a la vez aumentar el presupuesto público en educación superior. Esto obligaría a una familia media a pagar más tasas y más impuestos lo cual me parece un poco más difícil de digerir.

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  2. Gracias Juan por tu comentario. Que haya un incremento moderado del gasto en educación superior no me parece un disparate. España invierte poco en formación superior per cápita. Pero como digo en el artículo, habría que hacerlo de forma sustancialmente distinta. El aumento del gasto público universitario no tiene porque ser financiado con más impuestos , creo que es necesario revisar los gastos en otras partidas presupuestarias y establecer con claridad las prioridades.

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