Sobre química y política

Sobre química y política

de Zenón  J. Ridruejo

Las fronteras entre lo político y lo académico siempre han sido afortunadamente confusas. Sin embargo, existen algunos períodos extraordinarios donde la desconfianza se adueña del escenario, y la amalgama intensa de una historia compartida parece ponerse abruptamente en cuestión. Épocas en las que los analistas de las ciencias sociales se defienden de las limitaciones del método, apelando a nociones tan vagas e indefinibles como las “revoluciones paramétricas”. Épocas donde la radicalidad y la excepcionalidad sustituyen a la racionalidad, violentando muchos de los derechos que son propios de las sociedades libres. Dos ejemplos difícilmente compatibles, pero plenamente significativos del antagonismo propio de tales períodos, los tenemos en sendos lemas de uno y otro lado de las barricadas. Mientras los jóvenes antifranquistas, trasladando los ecos del Mayo francés, pintaban los edificios madrileños con la tinta de “lo que no es Química es Política”, agotando el espacio de las relaciones en favor de esta última; el dictador en su despacho de El Pardo daba consejo a sus allegados, sugiriendo “hagan Uds. como yo, y no se metan en Política”, reservando así todo el terreno a la Química.

Entre estas dos posiciones extremas, y sin duda como una consecuencia socio-sicológica de las mismas, se encuentran quienes adoptan actitudes desconfiadas a la presencia de académicos en la Política y otros, de talante similar, que aborrecen la presencia de la política en la Universidad. Ciertamente, el talante académico (si tal pretensión tomase forma) debería aportar a la Política las ventajas de la racionalidad, la introspección, la independencia de criterio o el sentido crítico, pero la condicionaría, quizás, con los inconvenientes del exceso de idealismo, la falta de pragmatismo y la “malsana” tendencia a identificar fines y medios. En los mismos términos, y por razones justamente opuestas, los profesionales de la actividad política desconfían del exceso de libertad y de la petulancia, que suelen acompañar el discurso de los académicos.

A mi juicio existen fundamentos lógicos que impregnan la contradicción. La actividad política descansa por antonomasia en la gestión de conceptos dialécticos. Conceptos que aportan un “núcleo” de significación común y una “periferia” de significados diferenciados y opinables. Libertad, justicia, ética, democracia, por citar sólo algunas, son otras tantas concepciones de naturaleza dialéctica. Por su parte una buena parte de la actividad científica utiliza conceptos “aritmomórficos”, en los que no cabe debate sobre su significación. En este escenario de contrastes, la excepción son las ciencias sociales, que en su faceta positiva utilizan los conceptos dotándoles de una aparente significación arquetípica, y en su faceta normativa los aplican de un modo dialéctico.

Seguramente otro de los motivos del desencuentro entre Política y Academia habría que buscarlo en los mecanismos de decantación de las decisiones. En la actividad Política, al menos en los países democráticos, los procedimientos de validación pasan por el refrendo de las urnas (ciertamente la elección de los líderes en algunos partidos es una excepción sonora). La Ciencia, sus procedimientos y sistemas de reconocimiento y promoción, están por naturaleza alejados de los criterios democráticos. Las Cátedras no se obtienen por votaciones mayoritarias de los Claustros o de los miembros de la comunidad universitaria. Unos pocos cualificados deciden sobre el valor del trabajo del conjunto de los académicos. Cosa distinta es la administración de la actividad académica, de la que la tarea científica es solamente una parte. En esta sí, el control democrático debe estar plenamente garantizado y la política tiene un papel central.

Finalmente, permítanme suscitar un último entorno de contradicción. La academia hace descansar toda su capacidad de influencia social a través del “credencialismo”. Un título acredita un valor profesional, que no siempre está garantizado. Se trata de un monopolio profesional, de una aparente meritocracia, que posibilita el establecimiento de barreras de entrada cualitativas, eliminando la competencia en su origen. Sin embargo, años de buena práctica profesional en la actividad empresarial o administrativa, proporcionan niveles de conocimiento en ocasiones muy superiores a los derivados de la propia actividad académica. El entorno político, especialmente en la Unión Europea, exige de la Universidad un reconocimiento creciente del valor de la cualificación derivada de una sólida actividad profesional, no siempre amparada por títulos y credenciales.

Estos elementos permiten decantar algún juicio reflexivo sobre el debate abierto en torno a la composición de algunas instituciones básicas del poder político del Estado, como podrían hacerlo sobre la elección de los rectores o la participación de la sociedad en los órganos de gobierno universitarios. La renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas, como en tantos otros órganos de gobierno de instituciones públicas, reclama cualificación. La pretensión de confundir la cualificación necesaria para las tareas políticas con la calidad científica o investigadora reconocida es un resabio de posiciones propias de nuestro pasado. Identificar la gestión político-representativa de instituciones profesionales o técnicas con el reconocimiento de la titulación académica de sus integrantes puede ser útil, pero no es en absoluto imprescindible y, en todo caso, no puede constituirse en juicio excluyente, so pena de vulnerar la Constitución.

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