“La viga en el ojo propio”: el sector energético y los recursos públicos

“La viga en el ojo propio”:  el sector energético y los recursos públicos

En el asunto de la contribución de recursos públicos, todos los sectores energéticos tienden a ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Todas las fuentes de energía, sin excepción, han sido subvencionadas —en el sentido amplio— en algún momento de su historia, algunas de manera crucial para su supervivencia. Y la mayoría de ellas siguen recibiendo apoyo del sector público directa o indirectamente. Ningún sector energético tiene un expediente inmaculado.

Lo habitual estos días es esgrimir contra las renovables su dependencia de las subvenciones para la subsistencia del sector (ejemplos, aquí y aquí). Acepto sin reservas que la implantación en España de las renovables vino acompañada de un marco regulatorio de apoyo público que hoy se estudia en otros países… para evitarlo. Lección aprendida, y malamente enmendada. Pero que este argumento provenga del resto de sectores energéticos, dando por hecho que ellos no necesitan (o no han disfrutado) de dinero público, es una falacia.

Los combustibles fósiles son probablemente el sector que más ayuda pública ha recibido a lo largo y ancho del planeta (aquí, aquí). En España, la protección al carbón nacional tomó todas las formas posibles a lo largo del siglo XX (véanse los trabajos de Coll y Sudriá): desde el resguardo arancelario, a la obligación a los grandes consumidores de usar carbón nacional (la flota naval, los ferrocarriles, la producción de hierro y acero, la producción de cemento y la eléctrica, entre otros), pasando por la nacionalización del sector y el sustento público que recibió HUNOSA, las jubilaciones anticipadas de los mineros, etcétera. Por su parte, el refino y suministro de petróleo fue un monopolio estatal desde 1927 hasta finales del siglo XX en manos de CAMPSA (una historia escrita por Tortella), de modo que, en realidad, durante dos tercios del siglo pasado, todas las infraestructuras petroleras necesarias se financiaron con dinero público —desde las refinerías a las gasolineras—. El gas, que probablemente fue el sector energético menos favorecido históricamente por el dinero público, también tuvo lo suyo. El Estado adquirió en 1972 la planta de regasificación de Catalana de Gas en Barcelona a través de compras forzosas, constituyendo ENAGAS. Esto contribuyó a expandir el número de plantas regasificadoras y a expandir la red de gas y la construcción de gaseoductos internacionales de conexión con Francia y Argelia, antes de que comenzara su privatización a partir de 2002.

“… la implantación en España de las renovables vino acompañada de un marco regulatorio de apoyo público que hoy se estudia en otros países… para evitarlo.”

El sector eléctrico en su conjunto contó con la nacionalización entre 1985 y el fin de siglo, de la red de distribución eléctrica con la creación de Red Eléctrica de España pasando de los 10.500 km de líneas de alta tensión aportados por las compañías eléctricas en 1985, a los más de 42.000 km de líneas eléctricas hoy. En el caso de la energía hidráulica, el uso de un bien público, el agua, se otorgó en la práctica sin fecha de caducidad a las empresas eléctricas. Y sólo a partir de 2013 se comenzó a aplicar un canon por el uso del agua para uso hidroeléctrico. La construcción de pantanos gozó de mano de obra forzada proporcionada por el Estado en los años 40 y primeros 50 y de préstamos subvencionados nacionales e internacionales (p.e del Exim-bank). Sin olvidar que la actividad hidrológica requiere una regulación y supervisión de un organismo, las Confederaciones Hidrográficas, de carácter público. Por cierto, que el agua que se usa para la refrigeración de las centrales térmicas (cualquiera que sea su tecnología: carbón, fueloil, gas o nuclear) sigue siendo gratuita. Lo que a mi juicio sigue teniendo cabida en la definición de la RAE de subvención. Y no es poca agua la que se requiere para refrigeración de las centrales térmicas, como venimos investigando (aquí).

“… encuentro falaz discutir de las ventajas de unas fuentes de energía frente a otras en base a su necesidad de recursos públicos. Todas ellas los han recibido a manos llenas.”

Por otro lado, la construcción de centrales nucleares sólo se ha podido llevar a cabo en aquellos países donde los Estados han ofrecido apoyo incondicional. Para el caso español lo hemos ido detallando en nuestros resultados de investigación aquí, aquí y aquí. En muchos países el ciclo de combustible nuclear sigue recayendo en entidades de carácter estatal dependientes, parcial o totalmente, de los presupuestos públicos. En España, como ya expliqué en un post anterior, es ENUSA la empresa pública que provee de combustible nuclear de todas las centrales nucleares del país, a excepción de Trillo. Si bien es cierto que hoy obtiene beneficios de sus actividades empresariales, también lo es que históricamente se financió en base a los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, ENRESA, la empresa pública que desde 1984 que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos y desmantelamiento de las centrales nucleares, se financia fundamentalmente en base a cuatro tasas (dos soportadas por las eléctricas propietarias de las centrales nucleares, otra por la fabricación de elementos combustibles y la cuarta por los titulares de otras instalaciones nucleares). Sin embargo, el fondo acumulado por ENRESA no garantiza que no se vayan a trasladar a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleares, como ha reconocido el Tribunal de Cuentas, dado que el titular de los residuos nucleares es el Estado. Todo ello sin olvidar que la actividad nuclear requiere de organismos de supervisión independientes, en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear, organismo público que se financia también de los PGE.

En consecuencia, encuentro falaz discutir de las ventajas de unas fuentes de energía frente a otras en base a su necesidad de recursos públicos. Todas ellas los han recibido a manos llenas. El debate debería centrarse en las características diferenciales de las tecnologías energéticas. Es decir, su eficiencia, capacidad de obtener economías de escala, carga base, flexibilidad, seguridad de suministro e impacto medioambiental, entre otras. Y a partir de estas habrían de establecerse las decisiones de política energética, sin dejar fuera de la discusión cuál es la mejor forma de seguir apoyando (o no) con recursos públicos el desarrollo energético del país.

  1. Sí por cierto, muy interesante. El último párrafo es discutible (objeto de discusión). Uno de los elementos para la discusión es la necesidad de recursos públicos de cada fuente energética. No el único, como a veces se pretende -y es contra esa unicidad contra la que cargas llena de razón- pero sí uno de ellos. Como siempre en la selección de las alternativas sociales, hay una decisión bajo criterios múltiples (“eficiencia, capacidad de obtener economías de escala, carga base, flexibilidad, seguridad de suministro e impacto medioambiental” -y coste para el erario público). Qué ponderaciones se eligen para esos criterios es la pregunta crucial. ¿Alguna sugerencia?

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