Una administración, un impuesto (y, si es directo, mejor)

Una administración, un impuesto (y, si es directo, mejor)

Cuando usted toma la decisión de hacer la compra semanal en un determinado supermercado, inicia todo un proceso por el que los directivos del supermercado tienen los incentivos necesarios para suministrarle su compra con la mayor calidad y al menor precio. Esto sucede porque si un día observa que la calidad que le ofrecen no está en consonancia con el precio que paga, se interesará por otros supermercados y, si estos últimos mejoran las condiciones del primero, optará por cambiar de establecimiento. Para que este proceso funcione, es necesario que conozca el precio. Sin este dato, difícilmente podrá saber si paga más o menos de lo que tenía pensado.

Imagine ahora que, por otro lado, compra su ropa en una cadena de tiendas que le gusta, contrata su móvil, fibra y televisión con una determinada compañía telefónica, y adquiere todos sus préstamos, seguros, y depósitos a un banco de su confianza. Si conoce lo suficientemente bien la calidad ofrecida y el precio que paga, en el caso de que un establecimiento defraudase sus expectativas, podría sustituirlo por otro. De nuevo, conocer el precio sería fundamental para estar seguro de haber tomado la decisión correcta.

“…cuando votamos en las diferentes convocatorias electorales, lo hacemos en estas condiciones. Sabemos que tendremos que pagar pero no sabemos ni cuánto ni para qué.”

Pero ahora suponga que en lugar de pagar los productos y servicios adquiridos en el supermercado, la cadena de tiendas, la compañía telefónica, o el banco, le pasaran una única factura con el importe total de lo comprado, sin especificar la cantidad correspondiente a cada establecimiento. Para complicar un poco más la cosa, imagine que en lugar de tener que realizar este pago único por esa factura conjunta, tuviera que pagarla en distintos plazos, de diferente importe, y por distintos medios, de forma tan compleja que, al final, fuera incapaz de determinar el volumen total de lo pagado. Parece evidente que la racionalidad económica de su elección de establecimiento se vería seriamente perjudicada y los incentivos de los directivos para ofrecer la mayor calidad al menor precio también.

Aunque le cueste creerlo, cuando votamos en las diferentes convocatorias electorales, lo hacemos en estas condiciones. Sabemos que tendremos que pagar pero no sabemos ni cuánto ni para qué.

En España, los ciudadanos recibimos, al menos, prestaciones de cuatro administraciones: las Instituciones Europeas, el Gobierno de España, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Pues bien, no creo que haya un solo español capaz de decir lo que tuvo que pagar el año pasado por cada una de ellas. Esto es así porque nos cobran los impuestos de forma conjunta y confusa, de manera que desconocemos cuánto pagamos en total y qué parte de lo que pagamos va para cada administración.

Esta cuestión cobra especial relevancia en los procesos electorales. Los votantes nos vemos en la tesitura de elegir entre los distintos programas políticos sin saber lo que nos van a cobrar por ellos. Sólo tenemos nuestro instinto y lo que nos quieran contar. En el mejor de los casos podríamos llegar a tener una idea de la cuantía total que pagaremos en impuestos, (lo cual no es fácil, especialmente, si tenemos en cuenta los impuestos indirectos). Pero aunque fuéramos capaces de determinar esta cuantía, nuestras dificultades no habrían hecho más que empezar. El mayor problema lo tendríamos al tratar de calcular qué parte de esos impuestos van para Europa, España, nuestra comunidad autónoma, o el ayuntamiento de la ciudad en la que residimos. Imposible.

“Para conocer lo que nos cuesta cada administración bastaría con la adopción de una regla muy simple: una administración, un impuesto (y, si es directo, mejor).”

Nuestra decisión mejoraría notablemente si los partidos políticos no sólo incluyesen en sus programas electorales los servicios que tan magnánimamente piensan ofrecernos sino, también, su propuesta de cómo repartir el gasto total de dichos servicios entre los ciudadanos, en función de las variables que considerasen oportunas: renta, situación familiar, etc. En otras palabras, la calidad de nuestra elección mejoraría muy significativamente si nuestros políticos fueran tan amables de decirnos el precio que deberíamos pagar individualmente por sus programas electorales antes de comprarlos.

La obtención de esta información, tan difícil de calcular en la actualidad, se simplificaría enormemente si se rediseñase nuestra forma de pagar impuestos. Para conocer lo que nos cuesta cada administración bastaría con la adopción de una regla muy simple: una administración, un impuesto (y, si es directo, mejor).

Si un ciudadano supiese antes de votar cuánto le iba a costar cada opción política, los partidos dedicarían todos sus esfuerzos a ofrecer programas que incorporasen servicios altamente valorados por los electores y ofrecerlos a unos costes competitivos. Los programas electorales serían sustituidos por contratos transparentes en los que se especificaría el paquete de servicios ofrecidos al conjunto de la sociedad y la cantidad que le correspondería pagar a cada votante, independientemente de que los usase o no.

Sería deseable que cuando vamos a tomar una decisión tan importante como elegir entre opciones políticas, decisión por la que vamos a tener que pagar la mitad de lo que ganamos, tuviésemos la misma información que cuando vamos a comprar una simple barra de pan.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: