Sin impuestos no hay paraíso

Sin impuestos no hay paraíso

La crisis ha dejado en evidencia nuestro sistema fiscal. Del lado del gasto sabemos más porque hemos padecido en profundidad la política de austeridad. Recortes en educación, sanidad y otras transferencias sociales jibarizando el Estado del Bienestar. Caída en picado de la inversión pública y hundimiento del gasto en I+D+i. Y mientras el rescate se camuflaba de salvamento bancario se frenaba en seco el acceso al crédito y afloraba el sobreendeudamiento privado (empresas y familias) que acabó cebando la deuda pública. Del lado del ingreso, sin embargo, se discute menos, aunque estemos en plena campaña tributaria. Y eso que hemos asistido desde 2008 a un descenso inédito de la recaudación bajo el efecto del estallido de la burbuja y la destrucción de actividad y empleo en que se tradujo la Gran Recesión. Al gobierno desde 2011 solo se le ocurrió incrementar las bases imponibles a las ya castigadas clases medias y sobre todo elevar la fiscalidad indirecta sin conmiseración. Y en la proximidad de un nuevo ciclo electoral alguno de nuestros liberales de pacotilla vuelve a silbar la melodía de las rebajas fiscales.

Pero estos fallos de nuestro sistema tributario no son resultado en exclusiva de la crisis económica y financiera. Al contrario, tienen un largo recorrido. Están relacionados con una perversa noción de la cultura fiscal. Recordad: estamos en el país que pasó en un pis-pás del «hacienda somos todos» al «¿ con IVA o sin IVA ? » y en el que la sombra del fraude más que alargada es polifórmica (es decir, que tiene varias apariencias sin cambiar su naturaleza). Al menos desde una perspectiva ética. Quién no recuerda aquella sentencia de que «bajar los impuestos es de izquierdas». Y aquella otra de un ministro de Industria que convirtió en jerga la «optimización» de sus obligaciones fiscales. O quién no adivina estos días a la primera la autoría de estas dos perlas pronunciadas cuando ocupaba la cartera de Economía: Los que hacemos el esfuerzo de contribuir como marcan las leyes nos vemos seriamente perjudicados por el crecimiento del fraude” y “No puede darse la sensación de que los impuestos siempre los pagan los mismos y las regularizaciones favorecen a los de siempre”. Exacto, el mismo que conjugó optimizar como blanquear capitales. Ya se sabe, los comportamientos de las elites acaban permeando en la sociedad.

Estas citas al vuelo delatan un estado de ánimo de nuestra democracia aunque hunden sus raíces mucho más atrás de 1977. Incluso antes de 1941, 1957 o 1964 (las leyes tributarias del franquismo). Lo que la historia de la fiscalidad en España nos muestra es que, además de un gasto del Estado escaso e ineficiente, el comportamiento tributario ha dejado mucho que desear. Que nuestras elites extractivas a la Acemoglu nos han dado gato por liebre. Han creado un estado de opinión antifiscal que ha dejado como resultado que casi todo el mundo tolere la elusión tributaria, aunque proporcionalmente su esfuerzo fiscal relativo sea mayor si su bolsillo se alimenta de un salario. Lo cual mina por la base lo que debería ser la fortaleza del Estado del Bienestar, la de un gasto económico y social que se aproximase a la media europea y que, además, ganase en eficiencia y equidad. Antes de 2008 España invertía en bienes sociales un 20% menos que la media de la UE-15. ¿Por dónde estaremos hoy ? Más allá del imperativo de los ciclos económicos, ese gasto solo es sostenible con ingresos solventes.

Con los matices que se quieran introducir, sostengo que en España históricamente el erario público ha recaudado por debajo de las posibilidades y capacidades de la economía. Lo que respondía a los intereses de las clases privilegiadas. Ni propietarios agrarios, ni industriales, comerciantes o financieros han contribuido en proporción a sus beneficios cuando menos desde 1845 hasta hoy. Ese esquema tributario permaneció en lo esencial hasta 1977. Lo recaudado se nutría de una maraña de impuestos indirectos que generaba el discurso perverso de la confiscación fiscal y la práctica del fraude. Y además un estado que invertía muy poco en inspección significaba dejación en el control para penalizar y castigar al defraudador. Sin esa pedagogía ejemplarizante —aquí el que la hace, no la paga— se perpetuaron las peores actitudes. Es cierto que el nuevo marco institucional desde 1978 trató de desmantelar esa envenenada herencia tributaria. Coyunturalmente el sistema ganó en equidad y eficacia con la introducción del IRPF. Los inspectores cumplieron sus funciones. Pero ese efecto se esfumó pronto. Como demuestra Sara Torregrosa la introducción del principal impuesto directo sobre la renta personal fue profundamente defectuosa a causa de la falta de capacidad administrativa o de voluntad política para hacerlo cumplir. No era nada nuevo.

Cualquier programa de reforma de nuestro sistema político, sea como sea, debe incluir un cambio radical de los ingresos del Estado. Que restaure el viejo principio liberal de la progresividad. El diagnóstico de los economistas está hecho. Falta la voluntad política para abordarlo. Si queremos sostener el paraíso del Estado benefactor como principal garante de la igualdad de oportunidades no queda más remedio que revisar la estructura del ingreso. El Estado debe recaudar más, combatir el fraude y generar una cultura cívica ante el fisco. Mientras tanto, seguiremos en esa España a la que Perich, en 1971, situaba a 3.000 kilómetros luz de Suecia. Porque padecemos unas elites económicas, financieras y empresariales que siguen convencidas de que a menor presión impositiva mejor, que sin impuestos el único paraíso es el fiscal y para el resto de los mortales nos reservan el infierno.

fraude

Para saber más:

Comín, F. y Zafra, J (eds.) 1994. El fraude fiscal en la Historia de España, Monografía 1, Hacienda Pública Española. Instituto de Estudios Fiscales.

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